Vivimos un momento crítico. El encarecimiento sostenido de los precios está penalizando terriblemente a la clase trabajadora, en especial a aquellas personas que reciben las rentas más bajas. Si en 2021 acabamos el año con un IPC del 6,5% (la tasa más alta de los últimos 10 años), en lo que llevamos de 2022 el IPC se ha situado ya por encima del 10%. El invierno está a la vuelta de la esquina y el coste de la energía eléctrica se ha disparado aún más que a finales del año pasado (50€/MWh era el coste en mayo de 2021, el pico histórico de diciembre de 2021 alcanzó los 380€/MWh, mientras que en agosto de este año se ha alcanzado la cifra récord de 459€/MWh).
El transporte ha sufrido un incremento de más del 16,2%, pese a las cacareadas medidas del plan de choque. La vivienda sigue subiendo a una tasa anual del 23% respecto del año anterior. Como resultado de todo esto, en la actualidad hay un 43% del inquilinato (3,2 millones de personas) que pertenecen a hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Los alimentos suben un 13,5% respecto al año anterior. Por no hablar de la subida de los tipos de interés y su repercusión sobre las hipotecas y la clase trabajadora. Sigue leyendo